• Los funcionarios y proveedores de la región conocieron las nuevas exigencias en materia de probidad y transparencia que entran a regir de inmediato apenas se publique la ley de compras públicas, que se encuentra en último trámite en el Tribunal Constitucional.
Este 14 de noviembre, ChileCompra visitó la región de Maule para dar a conocer a los usuarios compradores y proveedores del Estado las novedades de la modernización de la Ley de Compras Públicas, cuyo proyecto se encuentra en el último trámite en el Tribunal Constitucional y que traerá importantes avances en materia de transparencia, probidad, impulso a las Empresas de Menor Tamaño y economía circular, entre otros.
145 usuarios entre funcionarios de entidades públicas regionales y proveedores conocieron las nuevas disposiciones en materia de probidad y transparencia que establece el capítulo 7 de la nueva ley, las que rigen de inmediato apenas se publique la ley, y que dicen relación con un mayor resguardo de los conflictos de interés en las compras públicas, lo que implica cambios relevantes en las compras de entidades del Estado.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA REFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS QUE RIGEN DE INMEDIATO
Se amplía el universo de personas relacionadas inhábiles para contratar con los organismos del Estado, incluyendo no solo a directivos de los servicios que hacen la compra (hasta jefaturas de departamento) sino también a todos los funcionarios, aunque no ejerzan jefaturas, y a las personas vinculadas a estos por parentesco, así como las sociedades en que ellos sean parte o tengan la calidad de beneficiarios finales. En el caso de los directivos, la inhabilidad se extenderá hasta un año desde el cese del cargo. Además, se publicará en el sistema el personal que participe en los procesos de compra.
También se amplían las causales de inhabilidad para participar del Registro de Proveedores y se fortalece la normativa aplicable a grupos empresariales relacionados y al concepto de “beneficiarios finales”, junto con regular la inadmisibilidad de las ofertas en caso de que en un procedimiento de contratación se presenten ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí.
Al Banco Central, a las empresas públicas y a las sociedades en que el Estado tenga más de 50% de participación también se les aplicarán las normas de Probidad y Transparencia.