Una ley mordaza en pleno siglo XXI. Así calificó el Colegio de Periodistas de Chile la moción impulsada por senadores de distintos partidos, que pretende endurecer las sanciones por la divulgación de antecedentes de causas penales, sin dejar claro quiénes serían los sujetos activos del delito que se busca condenar. Esta ambigüedad, señaló Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas en la Comisión de Constitución del Senado, se traduce en una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada, situaciones que van contra el estándar internacional en derechos humanos.
“El proyecto no apunta al verdadero problema, que es la incapacidad del Estado, particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, para resguardar de forma adecuada los antecedentes bajo su custodia. En vez de fortalecer los controles internos, se pretende disparar contra los mensajeros”, criticó la dirigenta.
El Colegio de Periodistas de Chile ha sido enfático en exigir que el texto legal especifique de manera clara y restrictiva quiénes son los responsables de las filtraciones, dejando fuera de su articulado a periodistas.