Nataly Rojas Seguel, Seremi de Gobierno, Región del Maule

El 6 de mayo de 2025 marca un hito en la historia reciente de Chile. No por una firma, ni por un decreto, sino por un gesto profundamente político: la entrega del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento al Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Un documento que no solo condensa más de dos años de trabajo transversal y voluntario, sino que representa el fruto de un proceso de escucha activa, participación real y, sobre todo, construcción de acuerdos en torno a uno de los conflictos más complejos y dolorosos que enfrenta nuestro país: el conflicto territorial en el sur y las legítimas demandas del pueblo mapuche.
En una época marcada por la fragmentación, este informe representa un testimonio de que es posible dialogar. La Comisión no fue un ejercicio retórico ni una mesa ceremonial: reunió a actores diversos, incluso opuestos, quienes se sentaron a mirar de frente los dolores del pasado y los desafíos del presente, y decidieron trabajar en conjunto por el futuro.
Lo destacable de este proceso no radica solo en el contenido del informe, sino en su método. Entre julio de 2023 y enero de 2025 se desarrollaron sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales y autoconvocados, que contaron con la participación de más de 5 mil personas de 31 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Fue un proceso de participación genuina, con una escucha activa, horizontal, sostenida en el tiempo y profundamente enraizada en los territorios.
El respaldo de 7 de sus 8 integrantes al informe final da cuenta de un consenso político transversal poco común en la actualidad. Que personalidades como el exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla hayan podido copresidir la instancia, aun desde miradas distintas, demuestra que los acuerdos no implican renunciar a las convicciones, sino comprometerse con el bien común desde ellas. El país necesita más de este tipo de liderazgos: generosos, dialogantes y con vocación de Estado.
El desafío ahora es claro: que este informe no quede guardado en un cajón. El Estado, en todas sus dimensiones, debe hacerse cargo del mandato que la Comisión ha materializado: abrir una nueva etapa de resolución institucional del conflicto, fundada en el respeto mutuo, la reparación histórica y la convivencia democrática.
La paz no se impone. Se construye. Y para construirla, no hay atajos: hay que hablar, escuchar y ceder. Lo vivido en este proceso es una prueba concreta de que Chile aún tiene la capacidad de reencontrarse consigo mismo. El informe no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Hoy, más que nunca, se nos invita a responder con grandeza: a transformar el entendimiento en acción, y el acuerdo en futuro compartido.