Impulsar la descentralización es el principal objetivo de las normas aprobadas por el Pleno del Consejo Constitucional y que corresponden al Capítulo VI: “Gobierno y Administración Regional y Local” de la propuesta de nueva constitución.
Entre las materias abordadas está la organización del territorio “en regiones, provincias, comunas y territorios especiales” y tendrá como metas la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país.
Uno de los principios consagrados es la radicación preferente; es decir, se priorizará “que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional”.
Uno de los artículos que el Consejo no aprobó respecto a la propuesta por la Comisión Experta es el que detallaba la prohibición de tutela; es decir, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales. Esta disposición será “observada preferentemente” junto al resto de principios consagrados.
Por otra parte, se aprobó que la ley establezca mecanismos para «respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas» en las regiones y comunas, especialmente en aquellas donde su población es significativa. Sin embargo, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que los «garantizaba».