Viviana Puentes Directora Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas


Registrar hechos económicos en el sector público es una función regulada, con implicancias estratégicas y legales, que debe desarrollarse conforme a las normas contables dictadas por la Contraloría General de la República. Estas instrucciones permiten asegurar que la información financiera de los organismos públicos refleje adecuadamente su realidad económica, bajo criterios de trazabilidad, integridad y oportunidad.
La correcta presentación de estados financieros y reportes no solo da cumplimiento a la normativa, sino que constituye un componente clave para la toma de decisiones presupuestarias, la gestión eficiente de los recursos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. En este sentido, la contabilidad pública es un pilar que fortalece la transparencia, la legalidad y la responsabilidad fiscal.
En ese marco, los desafíos que enfrenta el sistema contable del sector público son también una oportunidad para avanzar hacia una mayor consolidación institucional. La mejora continua, el desarrollo de capacidades técnicas, y el uso de tecnologías que apoyen la gestión contable, son elementos fundamentales para fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar información útil para la administración pública.
Consolidar una contabilidad pública moderna, confiable y fiscalizable es una condición ineludible para fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la trazabilidad del gasto y garantizar una gestión estatal eficiente. El cumplimiento no es una opción: es una responsabilidad estructural del sistema público.