La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E138851N25, aclaró que el concepto de “instituciones privadas” previsto en los artículos 23 y siguientes de la ley N° 21.722, de Presupuestos del Sector Público del año 2025, comprende principalmente a las instituciones privadas sin fines de lucro, sin extenderse por regla general a aquellas con fines de lucro.
Asimismo, precisó que no procede aumentar el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento exigida a los ejecutores de políticas públicas que reciban fondos públicos más allá del cinco por ciento del total de los recursos a transferir.
La Contraloría concluyó que, salvo excepciones legales específicas, el concepto de instituciones privadas no incluye a entidades con fines de lucro y que en las bases de los concursos públicos no corresponde exigir garantías superiores al porcentaje establecido, salvo que se trate de asignaciones directas y proporcionalmente justificadas.