Fabián Andrés Pérez, Académico Departamento de Humanidades UNAB

Las últimas noticias sobre narcotráfico y crimen organizado en Chile son abrumadoras. Cada crónica, reportaje o hallazgo diario revela una interacción cada vez más visible entre la criminalidad y las instituciones. Desde una mirada de mediano plazo, esto es síntoma de un fenómeno complejo: la infiltración del crimen organizado podría ya ser un hecho.
Recientemente, dos casos graves marcaron la pauta: el avión de la FACH con Ketamina —droga presuntamente vinculada al Tren de Aragua—, y el hallazgo de ovoides de cocaína o pasta base en una unidad militar en Colchane. Esta última ya había sido noticia semanas atrás por siete suboficiales y un civil que transportaban drogas desde allí a Santiago. A esto se suma una tendencia constante: pérdida de armas, participación de funcionarios públicos en ilícitos y una institucionalidad debilitada en seguridad, que a veces roza la anomia.
Ambos casos, que involucran a miembros de la FACH y el Ejército, encendieron alarmas. El presidente Boric instruyó entregar los antecedentes del caso FACH a la Fiscalía, lo que generó fricciones: el Comandante en Jefe argumentó que correspondía a la Justicia Militar. Así, el foco se ha desplazado del hecho criminal al ámbito jurídico-institucional. La Fiscalía acusa que la FACH omitió información, el caso golpea a La Moneda, y la institucionalidad parece paralizada, sin respuestas frente al crimen organizado en escala macro.
Hoy, todo el Estado debería estar alerta. La literatura especializada señala que el objetivo de estos grupos es penetrar las instituciones, capturar el espacio público y consolidar su expansión como si fueran una firma global. Que el presidente tenga o no atribuciones para exigir antecedentes es una discusión válida, pero el centro debiera ser la necesidad de una estrategia estatal robusta y cohesionada frente a esta amenaza.
El caso Colchane también reactivó una antigua demanda: la aplicación de test de drogas en las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció su implementación en cuarteles del norte, donde existirían mayores vínculos con cárteles. Pero la idea no es nueva: incluso fue discutida en la Cámara de Diputados. ¿Es suficiente? A corto plazo entrega cierta tranquilidad, pero no resuelve el problema.
La literatura especializada coincide en que muchas políticas contra el crimen organizado están desactualizadas. Falta reconocer nuevos mercados ilegales como un desafío global, revisar políticas carcelarias, invertir en educación, salud, empleo, y construir mecanismos sólidos de transparencia. Esto exige alianzas políticas amplias, colaboración público-privada, participación de la sociedad civil, y, sobre todo, una política de Estado que trascienda gobiernos.
El Estado no puede ser un botín.