El mundo político reaccionó sobre la noticia de que hay magistrados bajo amenaza de muerte vinculadas al Tren de Aragua. Esto, luego de que en una audiencia, encabezada por un magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se informara que se habían reunido datos sobre la planificación de un posible sicariato contra un juez. Esta causa donde habría surgido la información que se indagará por parte del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros. El persecutor ya está a cargo de otras diligencias similares, aunque relacionadas con fiscales. Hasta ahora, en investigaciones por narcotráfico o ligadas al crimen organizado no existían antecedentes sobre jueces que hubieran denunciado este tipo de amedrentamientos.
Así, integrantes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado entregaron sus visiones respecto de este suceso a Emol. El presidente de la instancia en la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), señaló que "el crimen organizado está cada vez más violento e instalado y por eso es tan importante avanzar en la agenda de seguridad y fortalecimiento de nuestras instituciones. Se deben tomar los resguardos respecto a la protección de nuestros jueces y fiscales porque cuando el delito permea nuestra institucionalidad ya no hay vuelta atrás". "Esta semana presentamos junto al senador Kast, una agenda priorizada de seguridad para aprobar cuanto antes proyectos como el ingreso clandestino, la ley antiterrorista, seguridad privada y reincidencias. Esperamos que tanto el oficialismo como el gobierno envíen una señal contundente y apoyen estos proyectos, ya que no vamos a tener dos oportunidades para frenar esta escalada de violencia", anunció. La senadora miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en tanto, sostuvo que en la instancia se han llevado conversaciones con el Ministerio Público respecto a las medidas de protección de funcionarios y respecto "cómo resguardamos de mejor manera a los fiscales y jueces frente a casos de crimen organizado y otros delitos de gravedad". Consultada sobre su interpretación de este hecho, la congresista advirtió que "esto se ha dado con frecuencia en otros países, con graves consecuencias: no sólo amenazas, sino que han atentado contra jueces y fiscales (...) Tenemos que hacer una un sistema de protección de jueces y fiscales, porque la amenaza pueden provocar inhibirlos de hacer el trabajo y los expone a ser víctimas de estos carteles". El ex presidente de comisión de seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), relató que si bien ya existen antecedentes en Chile sobre amenazas contra autoridades, como funcionarios de Gendarmería o fiscales, este hecho es de "extrema gravedad".