La entrada en vigencia de este nuevo marco normativo de la Seguridad Privada en Chile, fijado para el 28 de noviembre, pone a cientos de empresas en una carrera contra el tiempo. Centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos y otras organizaciones con alto flujo de personas o cuyas operaciones reportan un riesgo para la seguridad de personas y bienes deberán realizar cambios operativos relevantes si no quieren quedar fuera del cumplimiento normativos y arriesgar multas y sanciones, las que pueden llegar hasta 13.500 UTM e incluso pueden ocasionar la clausura o cierre temporal o definitivo del establecimiento.
El nuevo marco normativo redefine los criterios para considerar a una empresa como “entidad obligada”, dejando atrás el parámetro del monto diario de efectivo y estableciendo un criterio cualitativo sujeto a la idea de generación de riesgo para la seguridad pública. Este cambio afecta directamente al diseño e implementación de los Estudios y Planes de seguridad, así como de las medidas de seguridad concretas que las operaciones de cada empresa deberán garantizar ante el nuevo órgano rector y el fiscalizador.
Las empresas calificadas como con riesgo alto deberán implementar sistemas de vigilancia privada y contar con personal especializado, lo que implica una reorganización completa en recursos humanos y presupuesto.