Diego Arancibia Morales
Investigador Centro de Estudios en Seguridad, U. Central

El reciente cambio de gabinete, particularmente en la conducción del Ministerio de Seguridad Pública, representa una oportunidad para avanzar desde una lógica operativa a una estratégica. Si bien las acciones desarrolladas hasta ahora, como los importantes decomisos de drogas realizados en distintos puntos del país, constituyen avances relevantes, persiste la necesidad de consolidar una política de Estado orientada al combate del crimen organizado transnacional. Chile enfrenta amenazas complejas y dinámicas que exceden las capacidades de respuestas aisladas o reactivas. El narcotráfico, el contrabando de mercancías ilícitas, la trata de personas, el tráfico ilegal de armas y el lavado de activos requieren una aproximación estratégica que permita identificar, dimensionar y priorizar los riesgos que afectan la seguridad y gobernabilidad del país.
En este contexto, el nuevo ministro, Martín Arrau, enfrenta el desafío de avanzar hacia un modelo de seguridad basado en el control territorial, marítimo y aéreo, fortaleciendo la coordinación interagencial y articulando eficazmente a las instituciones y programas del sistema de seguridad pública, incorporando una dimensión preventiva a nivel local, donde las municipalidades cumplen un rol fundamental.
Asimismo, resulta indispensable establecer mecanismos de gobernanza con otros ministerios para fortalecer factores protectores de carácter situacional y psicosocial, particularmente en ámbitos como vivienda y educación, contribuyendo así a disminuir condiciones de riesgo social. La seguridad no puede depender únicamente de respuestas reactivas o de operativos exitosos aislados, sino de una conducción estratégica sostenida, con decisión política, recursos y coordinación efectiva.