Durante la discusión del proyecto que amplía los plazos para regularizar los derechos de agua, la diputada Priscilla Castillo realizó un llamado a mirar la realidad que viven miles de familias campesinas que hoy enfrentan complejos trámites para mantener la seguridad jurídica sobre el agua que utilizan desde hace generaciones.
Con todo respeto, a esta ley le faltó sentido de realidad, afirmó la parlamentaria en la Sala, cuestionando que los agricultores no solo deban inscribir sus derechos de agua, sino también cumplir con una serie de procedimientos adicionales ante distintos organismos públicos.
Castillo sostuvo que estos procesos son técnicos, costosos y muchas veces imposibles de enfrentar para pequeños y medianos agricultores que no cuentan con recursos para contratar abogados ni especialistas.
Estamos hablando de personas que tienen media hectárea o una hectárea, de familias que conocen cada canal, cada surco y cada rincón de sus campos, pero que muchas veces no saben cómo enfrentar trámites que incluso para un profesional resultan complejos, señaló.
La diputada valoró la prórroga hasta 2030, pero advirtió que extender los plazos no resolverá el problema de fondo si no existe un apoyo efectivo desde el Estado, los municipios, INDAP y los gobiernos regionales.