El diputado de la UDI, Felipe Donoso, manifestó su más profundo rechazo al uso de la Defensoría Penal Pública por parte de un grupo de parlamentario oficialistas, Daniel Melo, Lorena Pizarro, Luis Malla, Lorena Fríes, Jaime Sáez, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo y Nelson Venegas, para atender sus problemas legales personales.
"Creemos inaceptable que un grupo de diputados decida usar a la Defensoría Penal Pública para sus problemas penales personales. Este es un beneficio diseñado para personas que no pueden proveerse de un abogado. Es evidente que un parlamentario, con los recursos que dispone, puede proveerse de un abogado", declaró el legislador gremialista.
Donoso también destacó que este comportamiento presenta un claro conflicto de interés: "Estos diputados específicos aprobaron el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que evidencia un interés manifiesto en mantener los dos abogados proporcionados por esta institución para defenderse de una querella y del proceso de desafuero".
El diputado UDI calificó esta acción como un abuso de poder y un acto potencialmente ilegal. En consecuencia, señaló que ha solicitado a la Secretaría de la Cámara una certificación oficial sobre este caso para evaluar y emprender las acciones legales correspondientes.