Augusto Leiva Garcinuño, un simple contribuyente...


Dicen que lo público no es para usarse en privado. Pero en Chile eso depende. Porque si usted es funcionario público y decide usar una oficina municipal para el amor, será suspendido en menos de 24 horas, expulsado como apestado institucional y lapidado en redes sociales. Pero si usa esa misma oficina para desviar fondos, contratar amigos, inflar licitaciones o pagarle sueldo a gente que no existe… tranquilo. Eso sí que se entiende, se investiga lento y, si se porta bien, hasta se le premia con un cargo nuevo.
Ese es el doble estándar de la decencia institucional. La moral chilena no se activa cuando se roban millones. Se activa cuando hay carne a la vista. Lo vimos esta semana en Vitacura, donde dos funcionarios municipales fueron pillados en pleno acto sexual dentro de las dependencias del Parque Bicentenario. Un par de ventanas generosas, unos jóvenes con cámara rápida, y voilá: viralización nacional. El escándalo estalló más fuerte que los casos de corrupción que llevan años pudriéndose en tribunales sin resolución.
La alcaldesa Camila Merino, aún en shock, dijo que pensaron que era un video “fake” o generado por inteligencia artificial. Porque claro, nadie espera ver acción en una municipalidad que normalmente solo genera trámites lentos, licitaciones dudosas y fotocopias vencidas. Y sin embargo, ahí estaban: dos seres humanos, vivos, calientes y, sobre todo, rápidamente sancionables.
Y es que en Chile el problema no es usar un escritorio para delinquir, es usarlo para gozar. Porque el cuerpo ofende más que la corrupción. La moral se indigna más con un trasero que con un desfalco.
¿Y los fraudes reales? Ahí están. Más de 135 municipios con causas abiertas por el Consejo de Defensa del Estado. La Serena, donde se pagaron $761 millones a “funcionarios fantasma”. Independencia, con contratos truchos por $2.498 millones. San Ramón, Maipú, Rapa Nui, Valparaíso… todos con su propio festival de irregularidades. Pero ahí nadie corre. Nadie se escandaliza. Nadie dice “esto es gravísimo” con esa voz temblorosa que reserva la clase política para cuando ve un sostén tirado sobre una impresora fiscal.
En resumen: en Chile, puedes robarte el Estado, pero no te lo puedes tirar. El primero es un delito administrativo, el segundo una crisis moral. El primero se litiga. El segundo se exorciza.
Y es que la “probidad” en nuestro país parece estar más relacionada con los calzones que con la billetera. Tenemos alcaldes procesados que siguen en funciones, concejales formalizados que posan felices en inauguraciones, fundaciones truchas que cambian de nombre como si fueran peluquerías... pero lo verdaderamente inaceptable, lo que nos ofende como sociedad, es un polvo después de hora en una oficina pública.
El mueble fiscal, entonces, puede aguantar una licitación fraudulenta, un contrato inflado, una caja chica desaparecida... pero no dos cuerpos en fricción.
Y ahí está el dilema: la moral fue más fuerte, sí. Pero fue la moral de la cama, disculpen!! la moral del escritorio... La del presupuesto sigue convaleciente. Dormida. Silenciosa. Sin ventanas.
Así que si usted es funcionario público, recuerde la regla de oro: si va a corromper algo, que sea con documentos. Si va a tocar algo, que sea la caja. Pero jamás, JAMÁS, se le ocurra tocar a otro ser humano sobre un mueble municipal. Porque ese es el verdadero escándalo. Y ese sí, se paga.