Héctor Moris Beltrán — Trabajador Social, Mediador Familiar. (Con apoyo de IA)

En el debate público actual sobre la crisis de seguridad que atraviesa Chile, la conversación política y mediática suele volcarse con vehemencia hacia soluciones de carácter represivo y territorial: despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, construcción de zanjas en la frontera norte, aumento indiscriminado de penas y la constante promesa de un control militarizado. Sin embargo, este enfoque simplista mantiene un grave punto ciego: asume de manera equivocada que la principal amenaza al Estado proviene únicamente desde afuera y por la vía de la fuerza bruta, ignorando que las mayores vulnerabilidades de nuestra democracia residen en la permeabilidad y fragilidad de sus propias instituciones internas.
El denominado "Caso JUNAEB" —que investiga presuntas coimas, tráfico de influencias y millonarios favorecimientos a proveedores privados del Programa de Alimentación Escolar (PAE)— nos estalla en la cara para demostrar que el verdadero peligro no es solo el delincuente que cruza un paso no habilitado, sino el corruptor de "cuello y corbata" que compra favores dentro de las reparticiones públicas. Este análisis demuestra cómo la captura del Estado por intereses privados y la impunidad estructural de las redes transversales de poder erosionan la seguridad nacional y frenan el desarrollo social de nuestro país.
El Delito de Cálculo y la Captura Transversal del Estado
Para comprender la gravedad del Caso JUNAEB, es indispensable dejar de mirar la corrupción como un simple conjunto de "manzanas podridas" o desvíos éticos aislados. La literatura académica especializada nos advierte que estamos ante un problema de diseño e incentivos institucionales. Como formaliza certeramente Robert Klitgaard en su teoría microeconómica, “la corrupción es un delito de cálculo, no de pasión” (Klitgaard, 1988, p. 28). En los grandes programas de compras públicas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB —donde se manejan miles de millones de pesos destinados a la alimentación de los estudiantes más vulnerables de Chile—, la alta concentración de poder discrecional unida a una fiscalización débil crea la combinación perfecta para el delito económico.
Cuando las empresas privadas evalúan que los beneficios económicos de defraudar al Estado son astronómicos y que las probabilidades de ser sancionados penalmente son ínfimas, la captura institucional se transforma en una decisión de negocios altamente (highly) rentable. Al respecto, Susan Rose-Ackerman destaca que cuando las penas y los riesgos son bajos en comparación con el botín político o económico, la propia estructura de reglas termina “incentivando la captura normativa” (Rose-Ackerman, 2013).
El aspecto más alarmante que revela el Caso JUNAEB es su carácter profundamente transversal. A diferencia del discurso ideologizado que intenta responsabilizar a un solo sector político, las investigaciones judiciales muestran que estas redes de cabildeo e influencia han operado de manera pragmática ante distintas administraciones de gobierno y con parlamentarios de variadas sensibilidades. Este fenómeno de cooptación ya había sido diagnosticado por la Comisión Engel al advertir sobre un “déficit ético e institucional que erosiona la confianza ciudadana y amenaza la estabilidad democrática” (Comisión Asesora Presidencial, 2015, p. 12).
Desde la perspectiva de la criminología contemporánea y la seguridad estratégica, Edgardo Buscaglia aclara cómo operan estos esquemas de penetración: “el objetivo del crimen organizado no es derrocar ni destruir la estructura del Estado, sino comprar parcelas de su impunidad. La penetración institucional mediante la cooptación de agentes públicos es el mecanismo fundamental para garantizar que las redes ilícitas operen con la protección directa o indirecta del aparato estatal” (Buscaglia, 2013, p. 88). En JUNAEB no vemos necesariamente bandas armadas, sino algo técnicamente equivalente: la compra de decisiones públicas a través de presuntas coimas para asegurar contratos millonarios.
“Ninguna red de crimen organizado de gran escala puede establecerse, perdurar o expandirse de manera sostenible en un territorio sin la complicidad activa o la omisión deliberada de actores estatales clave que faciliten su logística, protección legal e impunidad financiera (Garay-Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012, p. 34).”

Las consecuencias de esta porosidad no son solo penales, sino de estancamiento nacional. Como explican Daron Acemoglu y James Robinson, cuando un país permite que sus élites y grupos de interés capturen los recursos públicos, consolida instituciones extractivas: “las instituciones políticas y económicas extractivas, aunque puedan generar crecimiento temporal, impiden el crecimiento económico sostenido y sofocan el desarrollo de la sociedad” (Acemoglu & Robinson, 2012, p. 435). Cada peso desviado o sobrepagado en una licitación de JUNAEB es un recurso menos para la calidad de la educación, la salud pública o la infraestructura de las familias chilenas.
El Caso JUNAEB deja en evidencia que el verdadero punto ciego de la seguridad nacional en Chile no reside únicamente en la falta de blindaje fronterizo o de dotación policial, sino en la vulnerabilidad de las billeteras públicas ante la corrupción institucionalizada. Pretender combatir la delincuencia persiguiendo solo al último eslabón de la cadena en la calle, mientras los grandes grupos económicos e influencias políticas se reparten los recursos del Estado con impunidad, es una ilusión peligrosa e insostenible.
Como advierte la investigadora Lucía Dammert, las respuestas enfocadas únicamente en el control físico fallan porque “ignoran que la efectividad del crimen organizado reside en la permeabilidad de las propias instituciones de control, las cuales son progresivamente cooptadas por el poder económico de las redes ilícitas” (Dammert, 2019, p. 142). Si no atacamos con rigor ciego la corrupción de cuello y corbata y la captura de las compras públicas, cualquier esfuerzo policial en los barrios será un saquito sin fondo.