Señor director:

El mandato constitucional obliga al Estado a garantizar la ejecución de las acciones de salud de manera eficiente y eficaz.
Las listas de espera, que se traducen en miles de pacientes que necesitan atención de especialistas, exámenes, diagnósticos o cirugías, han generado una severa crisis sanitaria. La explicación hay que buscarla en el corazón de la gobernanza del sistema público.
A pesar del advenimiento de nuevas y mejores tecnologías aun nos encontramos con aberraciones del tipo “errores administrativos”, listas paralelas, ausencia del Sistema de Información de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) en hospitales o mala información a los usuarios. Esta situación se ha profundizado, afectando la confianza de los ciudadanos.
¿Qué hacer? Una de las vías es establecer un tiempo máximo de espera nacional a la usanza de países desarrollados. Ya no es posible mantener 6 horas máximas de trabajo de un pabellón quirúrgico en un recinto hospitalario de lunes a viernes, así como tampoco una productividad acotada en horario institucional. Los incentivos hay que trasladarlos en el marco de un régimen de trabajo con indicadores claros para todos los funcionarios.
La evidencia indica que durante el COVID 19 la gestión del sistema público y privado, integrado y coordinado en una mano permitió responder a los requerimientos de miles de pacientes y sortear con éxito la mayor crisis sanitaria del país.
Finalmente, la función pública sanitaria necesita de una buena gestión administrativa, desde el jefe de servicio de la red asistencial hasta el jefe máximo del Minsal, única solución para reducir el impacto de este flagelo.


Luis Castillo, decano
Paula Figueroa, académica
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad autónoma de Chile