Ricardo Álvarez Vega
Director Ejecutivo de EMPROEX

En medio de una creciente ola de inseguridad que azota a Chile, el discurso oficial insiste en desacreditar a los medios de comunicación, acusándolos de fabricar una percepción de peligro inexistente. Bajo el liderazgo del presidente Gabriel Boric, se ha desatado una campaña que busca desviar la atención de la verdadera problemática: la creciente criminalidad que aqueja a nuestro país.
Es fundamental recordar que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho fundamental protegido por normas internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19 que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones". Esta libertad no solo implica el derecho a informar, sino también el deber de hacerlo con veracidad y responsabilidad.
Sin embargo, en lugar de reconocer el rol indispensable de los medios en una sociedad democrática, las autoridades gubernamentales optan por desacreditarlos, buscando silenciar voces incómodas y desviar la atención de la cruda realidad que enfrentamos. La prensa no fabrica la inseguridad; simplemente cumple con su deber de informar a la comunidad sobre los hechos que afectan su seguridad y bienestar.
Los datos son claros y contundentes: desde el inicio de este gobierno, los índices de criminalidad han experimentado un preocupante aumento. Los ciudadanos son testigos día a día de una realidad marcada por el miedo, los crímenes violentos y los robos que atentan contra la paz y la tranquilidad de la sociedad civil.
Es imperativo que las autoridades reconozcan la importancia de una prensa libre e independiente en la construcción de una sociedad justa y transparente. Intentar coartar su libertad e influir en su labor constituye un ataque directo a los pilares de la democracia.
En tiempos de incertidumbre y desafíos, la verdad se convierte en el más valioso de los activos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad y el compromiso de informar con objetividad y rigor, y la sociedad tiene el derecho a recibir información veraz y completa.
Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y aborde de manera efectiva los problemas de seguridad que afectan a todos los chilenos. La libertad de prensa no es negociable, y cualquier intento de menoscabarla debe ser rechazado con firmeza por parte de la sociedad civil y las instituciones democráticas. El silencio nunca será una opción cuando se trata de defender la verdad y la libertad.