Jorge Astudillo
Académico de la Facultad de Derecho, U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Colombia no solo es un hecho gravísimo que afecta la seguridad de una persona y su entorno, sino también una expresión cruda y profunda del deterioro democrático cuando la violencia irrumpe en el espacio político. No se trata de un caso aislado, sino de un síntoma preocupante: el intento de imponer ideas, reivindicaciones o visiones de mundo mediante la fuerza bruta.

La violencia, bajo cualquier forma o motivación, es incompatible con la democracia. El pacto democrático se funda precisamente en la renuncia a la imposición violenta para resolver nuestras diferencias. Cuando se pretende usar la fuerza para alcanzar reivindicaciones —por legítimas que sean— se abre una puerta peligrosa a la ley del más fuerte, esa lógica perversa en la que quien intimida o destruye más consigue imponer su voluntad. Es el camino opuesto al derecho, al diálogo y al respeto por las reglas comunes.

El atentado contra Uribe Turbay no solo representa un atentado a la vida de un líder político; es también un retroceso civilizatorio. Reinstalar la violencia como herramienta para acceder o disputar el poder es volver a los tiempos más oscuros de nuestra historia. Y es precisamente ahí donde debe trazarse una línea ética y política infranqueable.

Hechos como el ocurrido en Colombia merecen el repudio más enérgico de todas las fuerzas democráticas, sin matices ni ambigüedades. Rechazar con claridad toda forma de violencia política es un deber mínimo de quienes creen en la democracia. Es urgente reafirmar un compromiso colectivo: nunca más justificar, legitimar ni tolerar el uso del pillaje, la destrucción o la fuerza como vía de transformación política.

La democracia se defiende con ideas, con argumentos, con votos y con respeto. Lo demás es barbarie.

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