Para propiciar “un medio de transporte eficiente, saludable, limpio, sostenible y económico”, el Senado solicitó al Presidente de la República -a través de un proyecto de acuerdo- que pueda instruir a los ministerios de Hacienda y Vivienda y Urbanismo, disponer de los recursos económicos y técnicos para implementar la instalación de estacionamientos para bicicletas, en establecimientos públicos construidos con anterioridad a 2015.

Los congresistas hacen referencia a que, con ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19 autoridades en distintos países, a nivel local y gubernamental, han adoptado medidas que reducen los eventuales efectos negativos producidos por el aumento del uso del automóvil en zonas urbanas, así como, el distanciamiento físico y el volumen de pasajeros en el transporte público”.

Estas medidas apuntan a la bicicleta como un medio de transporte que tiene un impacto en la reactivación del turismo y en la forma de repensar el desplazamiento de las personas, por cuanto evita el hacinamiento y los focos de contagio que se producen en el transporte público urbano, convirtiéndola en el medio de transporte que permite, con la infraestructura necesaria, enfrentar los actuales problemas sanitarios siendo un medio que coopera a enfrentar la reapertura.

Por último, señalan que, a la fecha, nuestra legislación dispone del Decreto 109 que modifica el Decreto Supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en Materia de Ciclovías y Estacionamientos para Bicicletas. Sin embargo –aclaran- esta excelente iniciativa rige únicamente para aquellos edificios públicos construidos con posterioridad de la publicación del Decreto; es decir, desde el año 2015 en adelante.