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lunes 09 de noviembre del 2026
Editorial 21-10-2026
Expulsiones administrativas

En sus pasos finales en el Congreso Nacional se encuentra el proyecto que define nuevas reglas para las expulsiones administrativas contempladas en la Ley 21.325. La Sala de la Cámara aprobó el informe que resolvió las diferencias con el Senado y solo falta el respaldo de esta última corporación para que el texto se despache al Ejecutivo.
La propuesta dota de mayores facultades a los organismos públicos competentes, mejora la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.
La controversia se originó luego que la Cámara no aceptara la eliminación que hizo el Senado del nuevo plazo mínimo de prohibición de reingreso de personas con expulsiones administrativas. La norma original era de tres años y la Cámara lo elevó a cinco años. En la mixta, el acuerdo fue de fijar el plazo en cinco años.
En línea con lo anterior, se definió que las expulsiones que dicte el subsecretario del Interior, por razones fundadas en seguridad interior o exterior o por razones de orden público (conforme a la nueva facultad entregada en esta ley), tendrán un plazo de prohibición de ingreso de entre cinco y diez años.
Cabe recordar que, entre sus alcances, el texto regula la expulsión inmediata y permite al Servicio Nacional de Migraciones exigir información a toda persona, natural o jurídica, o funcionario público, para recabar el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación migratoria irregular. Su objetivo será el notificar resoluciones en procedimientos administrativos de expulsión. Se exceptúan de esta norma niños, niñas y adolescentes y establecimientos educacionales y de salud.
Freddy Mora | Imprimir | 511
