El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre febrero y marzo su fiscalización 2026 de transparencia activa respecto de los 16 gobiernos regionales del país (GOREs). Ella tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada una serie de información establecida por ley para consulta de las personas.
El resultado general de la fiscalización a los gobiernos regionales fue un promedio nacional de 92,27%, alcanzando así el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015. El puntaje representa un avance de 16,2 puntos respecto de 2025.
En el detalle, el Gobierno Regional del Biobío fue el único organismo que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce GOREs presentaron promedios superiores al 90%. Dentro de ellos, destaca el caso de La Araucanía, que registró la mayor recuperación del país, al pasar de 43,9% a 95% en solo un año. En una zona media, dos gobiernos regionales obtuvieron más de 80%; y, en el otro extremo, el Gobierno Regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.
A pesar del buen resultado agregado, la pesquisa revela que persisten ciertas brechas de acceso a información pública. Sobre todo, respecto del aquellas materias relacionadas con el uso de recursos públicos. En específico, las peores evaluadas fueron modificaciones presupuestarias con 56,8% y contrataciones formalizadas por órdenes de compra con 75%. Le siguieron, mecanismos de participación ciudadana en ejecución que presentó un 80%, y actos y resoluciones con efectos sobre terceros con 81,1%.
Asimismo, el informe detectó brechas en la información que los gobiernos regionales deben publicar por aplicación de la Ley de Presupuestos y la Instrucción General sobre Transparencia Presupuestaria del CPLT. Efectivamente, 14 de los 16 GOREs no publican información sobre el uso de los recursos del Royalty Minero, correspondiente a los informes sobre el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, recursos destinados a financiar actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Solo los Gobiernos Regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen actualmente con esta exigencia.