El 11 de julio 2025 se promulgó en el Diario Oficial una petición que tanto actores públicos, privados y la academia esperaban -y solicitaban- en materia de innovación: la extensión de la Ley 20.241 de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo, más conocida como Ley I+D, cuya vigencia terminaba en diciembre de este año. La nueva fecha: diciembre 2035.
Para las empresas invertir en proyectos de investigación y desarrollo son decisiones estratégicas y de largo plazo, no son de un año para otro. Por lo tanto, esta extensión a la Ley I+D da una señal para aquellas empresas que quieren seguir desarrollando este tipo de inversiones o las nuevas que se quieran involucrar, que existirá horizonte suficientemente para tomar estas decisiones relevantes, afirmó el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
La autoridad de Corfo añadió que esta extensión confirma que la inversión en I+D es un tema importante para esta administración en el impulso de una agenda de sofisticación productiva, desarrollo de nuevos productos y particularmente, nuevos sectores. Con esto nos ponemos al día respecto a lo que otros países hacen para incentivar en este tipo de actividades. Las últimas estadísticas que tenemos muestran que en Chile aumentó el Gasto en I+D, tanto a nivel público como privado, y en términos absolutos y relativos, demostrando que este tipo de incentivos es el sendero adecuado, sostuvo Benavente.
En Chile, la Ley I+D tiene por objetivo estimular la inversión privada en actividades de investigación y desarrollo mediante beneficios tributarios. Para ello, establece un incentivo tributario que permite a las empresas chilenas deducir un 35% de sus gastos en I+D directamente del impuesto de primera categoría, mientras que el 65% restante de dichos gastos puede rebajarse como gasto necesario para producir la renta.