Tras finalizar su tramitación en el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo promulgó la Ley de Seguridad Municipal, lo que permitirá reconocer y regular el rol de los municipios de todo el país en su rol preventivo y coadyuvante con la seguridad pública.
Esta ley establece de manera explícita el rol preventivo de los municipios y fija atribuciones claras para la realización de actuaciones en flagrancia, patrullajes y labores preventivas por parte de los equipos de seguridad municipal, a quienes por primera vez se les reconoce con una figura legal, y con ello, la entrega de una garantía administrativa para el ejercicio de sus funciones en el espacio público.
En esa línea, se introducen especificaciones relativas a la capacitación de los inspectores de seguridad, la definición de labores autónomas como la detención en flagrancia, la incautación de mercancías ilegales y labores de televigilancia, y también a aquellas que revisten de carácter colaborativo con las policías como los controles de tránsito, los patrullajes mixtos y el apoyo en medidas cautelas de violencia intrafamiliar.
Respecto a la protección y los estándares para los funcionarios, la ley incorpora un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones, y obliga a los municipios a dotarlos de elementos defensivos certificados con su debida capacitación.
Respecto a los recursos destinados a los gobiernos locales para fortalecer sus capacidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones de pesos para la adquisición de elementos de protección para inspectores, bajo un criterio de priorización con aquellas zonas de mayor vulnerabilidad. A esos dineros, se suma un total de $208 millones para la implementación de plataformas tecnológicas e interconexión de registros.