Fue promulgada la ley que endurece el tratamiento de contrabando de dinero y lo tipifica como delito, eleva las penas, aumenta los plazos de prescripción y dota de mayores facultades a las policías, Aduanas y al Ministerio Público.
En una ceremonia encabezada por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá; el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se explicaron los alcances del cambio legal, que es parte de la agenda priorizada de 31 iniciativas acordada con los presidentes de ambas cámaras en mayo pasado.
La ley contra el contrabando agrava las penas si los bienes o dinero definidos como contrabando se obtuvieron a través de un delito o para cometer un delito, las que pueden alcanzar los 10 años de cárcel con la nueva legislación y lo considera como un delito base para el lavado de activos.
Actualmente, el tráfico ilícito de productos falsificados es una forma común de obtener ingresos para las bandas de crimen organizado. También sirve a las bandas criminales para lavar dinero ya que introducen productos falsificados en la cadena legítima de comercio, generando así dinero “limpio”. Por otra parte, el contrabando daña el comercio legítimo y causa pérdidas económicas significativas ya que perjudica a las instituciones que recaudan impuestos y alimenta el comercio ilícito.