El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2025 a los 16 gobiernos regionales del país. Específicamente lo revisado fue transparencia activa, es decir, su obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia y actualizarla mensualmente. El informe reveló un promedio nacional de cumplimiento de solo 76,06%, lo que representa el puntaje más bajo desde que se iniciaron estas evaluaciones en 2010, y consolida una tendencia a la baja ya registrada en el año anterior.
Entre las principales deficiencias detectadas, se encuentra la publicación de información presupuestaria y financiera, que conforme a la ley es pública. El cumplimiento en modificaciones presupuestarias apenas alcanzó un 35,7% y en presupuesto asignado, solo se logró un 37,5%. Por su parte, en materia de otras transferencias y aquellas reguladas por la Ley N° 19.862 que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, el cumplimiento promedio llegó solo hasta el 44,9% y 46,9%, respectivamente.
Fue justamente respecto de estas materias en las que además se detectaron inconsistencias entre la información reportada al Consejo por los gobiernos regionales y lo efectivamente publicado en sus sitios web oficiales.
Asimismo, destacan falencias en la publicación sobre mecanismos de participación ciudadana en ejecución con 50% de cumplimiento global y contrataciones de bienes y servicios y contratos relativos a propiedades, ambos con 54,5%.
La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.
El Consejo hizo un llamado a los gobiernos regionales a tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas.