El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó una nueva guía que explica, en simple, la forma en que los órganos de la Administración del Estado deben dar cumplimiento a las obligaciones de publicación de información que se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.
La guía no crea nuevas obligaciones. Lo que hace es ordenar lo que ya se debe transparentar por mandato de la referida ley de presupuestos, pero que, dada su extensión y complejidad, en la práctica se hace difícil de publicar sin mediar orientaciones. Por lo anterior, este documento clarifica a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas cómo publicar estos antecedentes sobre el uso de recursos públicos, permitiendo a la ciudadanía entender en qué se gastan.
Dentro de la información que se debe publicar se encuentra, por ejemplo, las actas de evaluación de licitaciones y compras, que son el documento donde se explica qué empresas participaron, cómo se evaluó su oferta y por qué se eligió a una sobre otras. Asimismo, hay que publicar información que se debe remitir al Congreso Nacional, tal como el cronograma mensual de gastos o las contrataciones y desvinculaciones de funcionarios.
Adicionalmente, la guía aborda cómo publicar los gastos asociados a avisaje y publicidad, debiendo informarse el contenido publicado, cuánto se pagó, en qué medios se difundió y quién fue contratado para ello, entre otros aspectos. También se incluye la publicación de información sobre transferencias de recursos a fundaciones u otras entidades privadas, debiendo explicitarse información de la entidad receptora, del proyecto que se financió y el monto de dinero entregado, entre otros antecedentes.