Nataly Huerta, directora del Diploma en Habilidades UNAB sede Viña
Jorge Astudillo, académico de Derecho UNAB sede Viña del Mar

Vivimos inmersos en una era digital que redefine nuestras formas de comunicarnos, trabajar, aprender y participar en la vida pública. Las tecnologías emergentes —en especial la inteligencia artificial (IA)— están transformando todos los ámbitos de la sociedad a una velocidad sin precedentes. Estas innovaciones abren enormes posibilidades: automatización de tareas, personalización de servicios, accesibilidad mejorada, y nuevas formas de interacción entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, también generan nuevos desafíos, especialmente en términos de equidad, justicia social y derechos humanos.
En este contexto, es urgente preguntarse: ¿están todas las personas siendo incluidas en esta transformación digital? Particularmente, ¿cómo se garantiza la participación activa y significativa de las personas con discapacidad intelectual en este nuevo escenario tecnológico?
Las personas con discapacidad intelectual tienen tanto el derecho como la necesidad de ser parte de esta revolución digital. No se trata únicamente de facilitar el acceso a dispositivos o plataformas, sino de generar entornos tecnológicos accesibles, comprensibles, adaptados y significativos. La participación digital no es un privilegio: es una manifestación concreta de la ciudadanía y una condición para el ejercicio de otros derechos, como la educación, el trabajo, la salud, la cultura y la participación política.
Avanzar en la reducción de la brecha digital y en la alfabetización digital de las personas con discapacidad intelectual no solo contribuye a su inclusión social, sino que potencia su condición de sujeto de derecho. Implica reconocer plenamente su autonomía, su capacidad de decisión y su rol activo en la construcción de la vida en comunidad. La tecnología, en este sentido, puede y debe ser una herramienta de emancipación, no de exclusión.
Reducir la brecha digital no puede ser una tarea individual ni propia de cada familia. Exige un compromiso articulado de toda la sociedad. En primer lugar, los servicios públicos tienen el deber de diseñar e implementar políticas tecnológicas inclusivas, que promuevan entornos accesibles, información en lectura fácil, y herramientas adaptadas a diversas formas de comprensión y comunicación. En segundo lugar, la comunidad en su conjunto —familias, instituciones educativas, organizaciones sociales, empresas tecnológicas y medios de comunicación— debe ser un agente de cambio, promoviendo una cultura de inclusión y respeto.
En suma, el acceso de las personas con discapacidad intelectual a los beneficios de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías no es una concesión graciosa ni un favor que se les hace, sino una exigencia ética, jurídica y democrática que se inserta dentro del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Chile.