En Chile, existen más de 3 millones de personas con algún grado de discapacidad y desde 2018 la ley de inclusión laboral para el sector si bien significó avances significativos, quedaron en evidencia algunas debilidades, tales como su ámbito de aplicación, cumplimiento y oportuna fiscalización.
Por ello, el Senado despachó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias surgidas en torno al proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
La iniciativa tiene por objeto promover efectivamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad, su permanencia en el empleo y acceso a puestos de trabajo acordes a su formación y calificaciones.
Las principales divergencias resueltas por la instancia mixta tuvieron relación con la disposición que exige a las instituciones públicas y privadas el cumplimiento de la cuota (2%) de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.
Así como la norma que exige a las empresas un protocolo de ambientes laborales y la exigencia de no destinar más del 50% de la donación de recursos a una única organización, entre otros aspectos.