Durante esta jornada se dieron a conocer distintas repercusiones respecto del proyecto presentado principalmente por parlamentarios de oposición -que ya fue aprobado en su idea de legislar por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja- y que apunta a tipificar como delito el ingreso al país por pasos irregulares y también a quienes intenten hacerlo por la vía regular, pero por medio de documentos falsos.
Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su preocupación debido a eventuales efectos de criminalizar a víctimas de trata y tráfico de personas.
"La preocupación que tenemos respecto de este proyecto es que hay una criminalización indeterminada respecto del ingreso de migrantes sin la documentación adecuada por los pasos irregulares. En estos dos casos, trata y tráfico, las personas llegan sin documentos, sobre todo en trata, porque les quitan los documentos", afirmó la presidenta del organismo, Consuelo Contreras.
"Se calcula que hay cerca de 1.500 mujeres en situación de trata, especialmente de nacionalidad venezolana y colombiana, y niñas desde los 14 años", agregó.
El proyecto -que establece penas de 61 a 540 días de presidio- también ha generado resistencia y observaciones por parte de organismos internacionales, particularmente agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).