Ayer el Gobierno ingresó a trámite en el Congreso el anunciado proyecto de reforma previsional. Junto al informe financiero, que indica cuáles son los costos fiscales de esta iniciativa.
La propuesta contempla tres ejes: mejorar el monto de la PGU, la creación del Seguro Social a partir de una nueva cotización de cargo de los empleadores, y el fin del modelo de las AFP a través de la reorganización de la industria.
Entre los objetivos de la reforma destacan mejorar las pensiones actuales y futuras, valorar el trabajo personal, fortalecer la libertad de elección de los afiliados, crear un sistema mixto, incorporar el aporte de los empleadores y dejar atrás el sistema extremo que se ha mantenido en el país en los últimos 40 años.
Precisamente, con la finalidad de mejorar las pensiones de actuales y futuros jubilados, considerando elementos de esfuerzo individual, social y de equidad de género para, con ello, contribuir a mantener el nivel de vida de las personas en la vejez, la reforma establece una nueva cotización. Esta será de cargo de los empleadores y, para acotar el efecto en el mercado laboral, se implementará de forma gradual hasta completar un 6% de la renta imponible: un punto porcentual por año.
Con todo, el proyecto de ley incorpora otros cambios en el pilar de capitalización individual. En primer lugar, se reemplaza el cobro de comisión sobre el salario por una comisión sobre el saldo gestionado, lo que permitirá alinear los intereses de afiliados e inversores. Este cambio no sólo significa un mayor ahorro para la pensión, sino que, además, se traduce en un aumento del salario líquido.