Durante los últimos años la criminalidad organizada ha experimentado cambios en su forma de operar, entre los que se encuentra la creciente utilización de nuevas tecnologías que facilitan la ejecución de delitos, y un ejemplo de esto, “son los inhibidores de señales”. Este es parte de los fundamentos del proyecto de ley, que llegó al Senado en segundo trámite constitucional.



El mensaje -que será analizado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones- prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento.





Sanciona con penas de 541 días a 3 años (presidio menor en su grado medio) al que fabrique, comercialice, utilice, tenga o porte uno o más inhibidores de señal; además, se aplicará una multa de más de 6 millones y medio de pesos (de 50 a 100 UTM) y el comiso de los equipos.



Además, quienes interrumpan redes o servicios de telecomunicaciones de servicios esenciales o de especial relevancia para el orden y seguridad, la defensa nacional o el sistema de inteligencia del Estado, arriesgan hasta 10 años de cárcel (presidio mayor en su grado mínimo) y multa de más de 327 millones de pesos (de 100 a 5000 UTM).



Mismas sanciones tendrían quienes interrumpan señales de naves, aeronaves o torres de control de tráfico aéreo.