La sobrepoblación penal en el país no solo ha generado que los internos vivan en situación de hacinamiento, sino que también ha incidido en el deterioro de muchos recintos penitenciarios. Y es precisamente ese tema el que pretende subsanarse con el proyecto que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios.
La iniciativa, que cumple su segundo trámite, comenzó a ser estudiado por la Comisión de Constitución que, en un primer acercamiento, conoció los detalles de la iniciativa por parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
El secretario de Estado señaló que actualmente hay 51.200 personas privadas de libertad y que existe una capacidad penitenciaria de 42 mil en todo el país. Agregó que para el año 2024 se proyecta una población carcelaria de 56 mil personas, por lo que es urgente poder avanzar en la reparación de los actuales recintos y potenciar nuevos, porque existe una alta tasa de población que impide una adecuada reinserción, atención de salud y además se sigue deteriorando la infraestructura existente.
Esta iniciativa busca hacerse cargo del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ya sea para cumplir la medida de prisión preventiva o una condena penal y, a la vez, dar solución al hacinamiento y la falta de plazas disponibles en los recintos penales.