EL HERALDO
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La confianza: el activo de la marca pública

3 min de lectura
La confianza: el activo de la marca pública
Pablo Müller Ferrés
Director del Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas
Universidad Autónoma de Chile


Hay una manera distinta de leer el último índice de confianza de Ipsos. Mirar a los ciudadanos no solo como electores o contribuyentes, sino también como consumidores. ¿Qué ocurre cuando una “marca” promete más de lo que la experiencia termina entregando?

El Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 muestra que Chile registra un índice de confianza de -13, uno de los más bajos entre los 31 países estudiados. La OCDE entrega una fotografía similar.

En 2025, solo un 26% de los chilenos declaró una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional, frente al 40% promedio de la OCDE: 14 puntos porcentuales menos. En la administración pública, la brecha es aún mayor: 20% en Chile versus 45% en la OCDE, una diferencia de 25 puntos.

En 2023, solo 25% confiaba en los tribunales y el sistema judicial, frente a 54% en la OCDE: 29 puntos de diferencia. El Congreso alcanzaba 19%, versus 37%, mientras los partidos políticos registraban apenas 14%, frente a 24%.

Desde la conducta del consumidor, no resulta extraño: la confianza es uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de destruir. Una empresa puede invertir millones en publicidad para posicionarse como responsable, cercana o transparente, pero si la interacción con sus clientes contradice esa promesa, la percepción cambia. El consumidor compara más, cree menos y empieza a exigir pruebas.

Algo similar ocurre con las instituciones. Una política puede estar bien diseñada, pero si su implementación falla o contradice el discurso, también produce aprendizaje. El ciudadano incorpora esa experiencia y la utiliza para evaluar las próximas decisiones.

En marketing hablamos de experiencia del consumidor para describir la percepción que surge de sus distintas interacciones con una marca. No basta con la publicidad. También importan el proceso de compra, la atención de un reclamo y la capacidad de entregar una solución.

Con el Estado ocurre algo parecido. El ciudadano no evalúa a las instituciones únicamente por sus discursos, sino por lo que sucede cuando espera una respuesta, enfrenta una regulación, solicita un beneficio o comprueba si aquello que se anunció efectivamente se cumple.

Por eso, una mala política pública tiene un costo que va más allá de su impacto presupuestario. Puede producir aprendizaje negativo. Si las promesas institucionales se incumplen reiteradamente, la próxima será recibida con mayor escepticismo.

Ahí aparece un círculo difícil de romper. Menor confianza puede generar mayor resistencia a nuevas iniciativas; esa resistencia puede dificultar su implementación y esas dificultades, a su vez, profundizar la desconfianza.

La confianza no se recupera con campañas ni eslóganes. Se recupera modificando la experiencia.
Cada trámite, regulación, beneficio o servicio es una interacción con el ciudadano, y, al mismo tiempo, una oportunidad para reforzar o deteriorar esa relación.

En el sector privado, una marca que incumple reiteradamente su promesa termina perdiendo clientes. En el ámbito público, una institución que hace lo mismo pierde algo todavía más importante: ciudadanos dispuestos a creerle.
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