Ricardo Álvarez
Contador Auditor UdeC

La discusión sobre la escasez de recursos en regiones suele desatar un coro transversal de indignación. Ante el anunciado recorte presupuestario que golpeará con fuerza la inversión del Gobierno Regional, las autoridades y los liderazgos locales se alzan con justa razón para advertir el daño que esto provocará en el territorio. Sin embargo, antes de rasgar vestiduras por el tijeretazo fiscal que se avecina, vale la pena mirar hacia adentro y revisar cómo se gastan los fondos que sí están disponibles, destapando una realidad tan compleja como cuestionable: la distancia sideral entre el dinero destinado al desarrollo real y el costo obsceno de mantener la estructura que lo administra.
El problema escala a su máxima expresión cuando la crítica deja la teoría y aterriza en un ente específico: la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) del Maule.
Los datos duros, extraídos directamente del informe oficial de ejecución presupuestaria correspondiente al Cuarto Informe Trimestral de la Glosa 08 (Ley de Presupuestos 2025), emitido en enero de 2026, revelan una radiografía insostenible. Si la administración anterior ya operaba con una estructura rígida de 23 cargos fijos que consumían más de 552 millones al año, los registros recientes muestran que la planta ha escalado hasta los 34 cargos activos bajo contrato. Una estructura donde los sueldos brutos promedio van desde los 3,7 millones para la dirección hasta los 900 mil pesos para el personal de apoyo.
Frente a un Presupuesto Operativo Anual (POA) que rozó los 1.571 millones de pesos al cierre de ese periodo, la planilla fija de sueldos absorbe cerca de 685 millones. El resto, más de 880 millones de pesos, se destina a la operación general de la corporación, a sus suministros y a la ejecución logística de iniciativas de cartón piedra como Market Maule o Descubre el Maule. Vitrinas que en el mercado real, donde los emprendedores de verdad quiebran si no venden, no sobrevivirían ni un día, pero que aquí perduran amparadas por la inercia del presupuesto estatal.
Para coronar el absurdo, las páginas finales de aquel informe exponen el cinismo burocrático en su máxima expresión: al evaluar sus propios indicadores de cumplimiento, la corporación se califica con un 100% de éxito en todas sus metas, llegando incluso al disparate estadístico de reportar un 150% de cumplimiento. Un ejercicio de autocomplacencia donde la institución celebra su propio trabajo de escritorio: informes, seminarios y transmisiones en vivo, sin que medie ninguna evaluación real de impacto económico.
Hacer frente a la estrechez financiera exige algo más que discursos airados arriba de un cajón de manzanas; requiere coraje político para ordenar el aparato público. La nueva administración regional ha heredado esta máquina diseñada para servirse a sí misma antes que al Estado, y la gran duda que flota en el ambiente es si este gobierno vino a desarmar este elefante blanco o si simplemente se limitó a cambiarle el chofer a un vehículo que sigue marchando por la misma ruta del despilfarro. Porque mientras falte dinero para las comunas, mantener esta millonaria inyección que jamás llega al bolsillo del emprendedor de a pie deja de ser solo un problema contable: es una burla intolerable para quienes financian el Estado con su esfuerzo de todos los días.