Juan Pablo Catalán
Profesor e investigador Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello


Cinco meses han pasado desde el inicio del año escolar, y más de 2,6 millones de estudiantes siguen esperando los útiles escolares prometidos por JUNAEB. No es un problema logístico menor. Esto es una muestra dolorosa del abandono sistemático que vive la infancia chilena, y de una política educativa que ha hecho de la precariedad su norma. Porque en Chile, aprender sigue siendo un privilegio condicionado a la eficiencia burocrática y no un derecho garantizado.
La Contraloría fue clara: hubo fallas graves de planificación, decisiones sin respaldo técnico y licitaciones adjudicadas a empresas sin capacidad logística. Todo esto mientras la escuela avanzaba y los niños esperaban. Y mientras JUNAEB promete soluciones, el Ministerio de Educación guarda silencio. La Superintendencia, que debería velar por el cumplimiento de los derechos educativos, también calla. ¿Hasta cuándo permitiremos que se normalice esta displicencia institucional? ¿Cuántas veces más vamos a tolerar que los niños y niñas sean víctimas de un Estado que no responde ni asume?
Los expertos lo han advertido. La Agencia de Calidad afirma que los recursos materiales no son accesorios, sino condiciones habilitantes para el aprendizaje. La OEI y el Banco Mundial (2023) han demostrado que la falta de insumos impacta directamente en el aprendizaje y profundiza las brechas ya existentes. Lo que no se aprende en marzo, difícilmente se recupera después. Cada semana sin materiales es una pérdida de oportunidades, especialmente para quienes ya cargan con las mayores desigualdades.
En las escuelas, son los docentes, directivos y apoderados quienes terminan resolviendo lo que el Estado omite. Hacen rifas, reutilizan materiales, compran lo que pueden, se endeudan. ¿No es eso una forma de violencia estructural? ¿No es cruel que los niños tengan que estudiar sin cuadernos, sin colores, sin libros, mientras se repite con orgullo que la educación es la clave de la movilidad social?
¿Cómo se mueve alguien sin lápiz? ¿Cómo se igualan las oportunidades si algunos estudiantes tienen tablets, textos digitales y acceso a conectividad, mientras otros apenas consiguen una hoja de cuaderno?
Esto no es un accidente. Es el resultado de un modelo que sigue tratando la educación como un asunto técnico, burocrático y desprovisto de sentido humano. Un sistema que terceriza externaliza y diluye responsabilidades, donde nadie responde y donde los más pequeños pagan los costos de la ineficiencia. Y mientras eso no cambie, seguiremos enseñándoles a nuestros estudiantes que su derecho a aprender depende de la suerte, de la región donde viven o del presupuesto que se ejecute a tiempo.
Chile no necesita más discursos vacíos. Necesita voluntad política, rendición de cuentas y un compromiso real con la infancia. Porque cuando un país no es capaz de entregar a tiempo un cuaderno o un lápiz, no solo falla en la gestión: fracasa en su obligación más básica y urgente.