Javier Rojas Ávila
Doctor en Ciencia de Enfermería UNAB
Académico Universidad San Sebastián - Concepción
Investigador Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE)

La publicación de la Ley N.º 21.822 ha sido celebrada como un avance histórico para los derechos de las personas mayores. Y con razón: por primera vez se reconoce de manera explícita su derecho a participar activamente en la vida familiar, comunitaria y social. Sin embargo, el reconocimiento legal abre una discusión que no podemos eludir: garantizar un derecho es mucho más que declararlo.
La evidencia científica ha demostrado que la participación social no es un aspecto accesorio del envejecimiento, sino un determinante fundamental del bienestar. La disminución de la participación en actividades comunitarias, sociales o recreativas constituye uno de los componentes centrales de la fragilidad social, una condición que aumenta la vulnerabilidad de las personas mayores frente a eventos adversos, deterioro funcional, dependencia e incluso mortalidad.
Resulta paradójico que mientras el país avanza en el reconocimiento normativo de estos derechos, miles de personas mayores continúan enfrentando barreras económicas, de transporte, accesibilidad, seguridad y oferta programática que limitan su integración efectiva. La participación social no puede depender exclusivamente de la motivación individual; requiere condiciones estructurales que permitan ejercerla.
El desafío para Chile no es únicamente implementar beneficios o descuentos para acceder a actividades recreativas. La verdadera tarea consiste en construir comunidades donde las personas mayores sean consideradas actores relevantes, con espacios reales de encuentro, colaboración y toma de decisiones. De lo contrario, la participación seguirá siendo un derecho reconocido en el papel, pero insuficientemente garantizado en la práctica.
Si aspiramos a un envejecimiento digno, activo y saludable, debemos comprender que combatir la fragilidad social implica mucho más que atender enfermedades. Significa fortalecer vínculos, promover la integración comunitaria y asegurar que ninguna persona mayor quede excluida de la vida social. La nueva ley ofrece una oportunidad histórica; ahora corresponde transformarla en acciones concretas y medibles.
Porque la participación social no es un privilegio ni una actividad opcional: es un derecho, y también una herramienta de salud pública.