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miércoles 11 de diciembre del 2024
Editorial 20-11-2024
Ley Integral de Salud Mental
Pedir permiso a la Sala para estudiar en general y particular, a la vez, el proyecto de ley integral de Salud Mental, fue el acuerdo que adoptaron los integrantes de la Comisión de Salud del Senado. Esto con el fin de dar mayor tiempo al Ejecutivo para que recoja las observaciones realizadas por los parlamentarios. La solicitud fue acogida posteriormente, en la sesión ordinaria.
El proyecto hace referencia a los deberes generales del Estado para la promoción y protección de la Salud Mental, Establece la atención preferente de estos pacientes, en la Corporación de Asistencia Judicial y Crea un marco institucional de la Política Nacional de Salud Mental generando un plan nacional y un comité interministerial.
La iniciativa también refuerza los derechos de los pacientes siquiátricos en cuanto a la toma de decisiones respecto al consentimiento informado, curaduría provisoria de bienes, eliminación de la reserva de la ficha clínica, y supresión de la posibilidad de aplicar tratamientos invasivos o irreversibles sin consentimiento.
Otro aspecto relevante es que crea un Plan de Desinstitucionalización que implica el proceso de cierre o transformación de establecimientos siquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
También se ha mencionado que la ley vigente, la 21.331 que reconoce y protege los derechos de las personas en la atención de salud mental, aún no tiene promulgados sus reglamentos (sobre hospitalización involuntaria, conductas perturbadoras y normas y técnicas de operatividad), de allí que resulte improcedente generar otra ley si la vigente no está en funcionamiento.
El proyecto hace referencia a los deberes generales del Estado para la promoción y protección de la Salud Mental, Establece la atención preferente de estos pacientes, en la Corporación de Asistencia Judicial y Crea un marco institucional de la Política Nacional de Salud Mental generando un plan nacional y un comité interministerial.
La iniciativa también refuerza los derechos de los pacientes siquiátricos en cuanto a la toma de decisiones respecto al consentimiento informado, curaduría provisoria de bienes, eliminación de la reserva de la ficha clínica, y supresión de la posibilidad de aplicar tratamientos invasivos o irreversibles sin consentimiento.
Otro aspecto relevante es que crea un Plan de Desinstitucionalización que implica el proceso de cierre o transformación de establecimientos siquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
También se ha mencionado que la ley vigente, la 21.331 que reconoce y protege los derechos de las personas en la atención de salud mental, aún no tiene promulgados sus reglamentos (sobre hospitalización involuntaria, conductas perturbadoras y normas y técnicas de operatividad), de allí que resulte improcedente generar otra ley si la vigente no está en funcionamiento.
Freddy Mora | Imprimir | 358