A cumplir su segundo trámite constitucional en el Senado, llegó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que está contemplado en la agenda de seguridad priorizada.
Será la Comisión de Constitución, y la de Hacienda, en su caso, las encargadas de analizar la iniciativa que busca garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con defensa letrada. Para ello, genera una nueva institucionalidad y un sistema integral de protección a las víctimas para proveerlas de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica particularmente en materia penal.
En lo fundamental, el proyecto que llega al Senado tiene como objetivo permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal; entregar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que se determinen al efecto y de apoyo sicológico y social en los casos en que corresponda.
Asimismo, busca entregar asesoría y representación jurídica, así como del apoyo social y sicológico.
La iniciativa cuenta con 49 artículos permanentes y 20 disposiciones transitorias, teniendo como idea central la creación de un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial.