Endurecer penas y proteger a más autoridades es el objetivo de dos mociones que comenzarán a ser estudiadas por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. Éstas nacieron tras conocerse el caso del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió amenazas de muerte hace algunas semanas.
 Desde 3 años y un día hasta 10 años de prisión podría arriesgar quien conspire para cometer el delito de homicidio calificado en contra de un alcalde o concejal. Así lo estipula una moción de autoría del senador Cristián Vial, la que fue patrocinada por las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Núñez y los senadores Juan Luis Castro y Karim Bianchi.
La propuesta modifica el actual artículo 391 bis del Código Penal, que sanciona a quien intente atentar contra la vida de un juez con competencia en lo penal, de un fiscal del Ministerio Público, de un defensor penal público, de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile o de Gendarmería de Chile, en razón del ejercicio de sus funciones. El proyecto incluye a los alcaldes y concejales en dicha norma.
Cabe recordar que, en la sesión del 7 de septiembre pasado de la Comisión de Seguridad Pública, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia reconoció que existen 22 alcaldes con medidas de protección y 10 fiscales con protección permanente.