Gustavo Benavente, Diputado de la República

El 1° de julio de 2025 se aprobó una ley que marca un antes y un después para la ruralidad chilena: la Ley 21.759, que exime de permisos sectoriales y ambientales a los embalses o tranques ubicados fuera de cauce natural, siempre que su capacidad no supere los 150 mil metros cúbicos o su muro los 7 metros de altura.

Esta modificación, impulsada desde la mirada de los territorios, responde a una necesidad real: facilitar la construcción de pequeños embalses que permitan acumular agua y usarla de forma eficiente durante los meses de escasez. Como legislador que participó activamente en esta discusión, lo hice pensando en quienes viven de la tierra y enfrentan, año tras año, la incertidumbre del riego.

En el Maule Sur, el agua define la vida rural. No solo es indispensable para el cultivo, sino que sostiene el empleo, la economía local y el arraigo de las familias campesinas. Sin embargo, las normas existentes hacían casi imposible construir tranques pequeños: el costo y la lentitud de los permisos frenaban inversiones y dejaban a la sin herramientas para adaptarse al cambio climático.

Reducir la permisología no es relajar las normas, sino poner el sentido común al servicio del desarrollo local. Hoy, construir un tranque pequeño para acumular agua de lluvia o de riego ya no será un calvario burocrático, sino una posibilidad concreta para que los agricultores regulen su propio recurso, aseguren su producción y enfrenten los meses secos con más tranquilidad.

Sin embargo, los beneficios no terminan en la agricultura. Acumular agua también ayuda al medio ambiente: cuando hay agua en los canales y tranques durante los meses más secos, la flora y la fauna se mantienen activas, y una parte de esa agua se infiltra naturalmente hacia las napas subterráneas, favoreciendo a los ecosistemas y a los sistemas de agua potable rural.
Así, cada metro cúbico acumulado es también un aporte al equilibrio ecológico y a la seguridad hídrica de las comunidades

Esta ley, simplifica trámites sin sacrificar la seguridad ambiental, reconociendo que los agricultores no son un problema, sino parte de la solución.

Los datos recientes de la Dirección General de Aguas (DGA) muestran por qué esta medida es tan urgente. En estaciones cordilleranas del Maule, como Lo Aguirre y Nevedo Longaví, la altura de nieve a comienzos de octubre de 2025 cayó a 0,18 y 1,76 metros, respectivamente. Son valores muy inferiores a los de años anteriores, lo que anticipa un deshielo reducido y una menor recarga de ríos y canales.

En una región donde el PIB agrícola directo representa alrededor del 16 % del total, pero el PIB compuesto —que incluye la agroindustria, los servicios logísticos, la comercialización y el empleo asociado— supera con facilidad el 50%, el agua es mucho más que un recurso: es la base de la economía y del bienestar regional.

Por eso, cada tranque que se construya gracias a esta ley será una fuente de resiliencia y trabajo. Permitirá a las cooperativas, asociaciones de regantes, agricultores y comunidades rurales mejorar su gestión hídrica, asegurar de mejor manera la producción de alimentos y sostener la vida en la sociedad.

Porque en el Maule, y especialmente en su zona sur, el agua es vida, trabajo y comunidad.