Las economías ilícitas dejaron de ser un fenómeno acotado o sectorial para transformarse en una "amenaza estructural" para el desarrollo del país. Esa es la principal conclusión del informe "Por un Chile sin Economía Ilícita", presentado este jueves por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El documento fue elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos, que busca dimensionar el fenómeno y aportar una agenda de políticas públicas para enfrentarlo.
El estudio estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año y provocan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales. A ello se suman los cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina para prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos. El lanzamiento del informe reunió a representantes del sector público, privado y académico. La actividad fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés; y la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana.