El enfoque de género en el marco de la actuación policial y la compatibilidad de su desempeño con el respeto a la Constitución y la ley. Esas temáticas fueron parte del debate en la última sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana que se enfocó al trámite del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

El grupo parlamentario se pronunció sobre la supervisión de la labor que desarrollan las policías y fuerzas de orden y seguridad, con el objeto de garantizar que el ejercicio de sus roles esté en línea con el respeto a los DDHH, la Constitución y la ley vigente.
Al respecto, se debatió una norma específica sobre enfoque de género. Sin embargo, finalmente, se privilegió una propuesta más general. Lo anterior, en el entendido del respeto igualitario y universal de los derechos y garantías individuales.
Otro aspecto que no logró el respaldo suficiente fue el establecimiento de un canal de denuncia anónimo sobre conductas indebidas, dentro del ámbito administrativo y códigos de conducta. Ello, porque se consideró suficiente la existencia del estatuto del denunciante y otras herramientas legales vigentes.
Por contrapartida, sí se aprobó una norma habilitante para la existencia y coordinación del nuevo ministerio con la subsecretaría de prevención del delito. En ese plano, se respaldó también la posibilidad de que la cartera pueda requerir antecedentes a privados respecto de personas investigadas.