El Ministerio de Vivienda publicó una declaración en la que se refiere a una supuesta crisis financiera del sistema de viviendas sociales, en particular a una deuda vencida de más de US$ 1.000 millones que la cartera mantiene con distintos actores de la industria y de la incapacidad que habría transmitido a las empresas involucradas a ejecutar pagos.
El saldo que habría adeudado el Minvu, según publicó Diario Financiero, es con inmobiliarias, constructoras y proveedores que van desde Pyme hasta grandes empresas repartidas por todas las regiones del país. "A estos pasivos se suman pagos pendientes a los propietarios de terrenos adquiridos por la cartera que aún no han sido cancelados", dice la publicación. También, se señala que la cartera informó a las empresas involucradas que si bien existía ejecución presupuestaria, no había disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente que permita concretar los pagos autorizados, y que la situación se resolvería una vez que se emita un decreto de modificación presupuestaria que contemple un nuevo aporte fiscal. Sin embargo, admitió que no existe certeza de cuándo esto podría ser emitido. La publicación señala que el Minvu ha generado deudas tanto por el esquema del Decreto Supremo 19 (DS19) y el Decreto Supremo 49 (DS49). El primero corresponde a cuando las inmobiliarias reciben créditos de enlace o anticipo por parte del Estado antes de iniciar un proyecto y un pago final al entregarlo. En cambio, el DS49 opera mediante estados de pago, las constructoras presentan avances, el servidor los aprueba y se liberan los recursos de manera progresiva.