Camila Ovalle, psicóloga clínica y co fundadora de Bow Care

Los últimos hechos de violencia escolar, donde en muchos casos se ha señalado que quienes están detrás de estos actos han sufrido acoso y hostigamiento por parte de sus compañeros, reabre el debate sobre la reciente propuesta legislativa que busca sancionar económicamente a padres y tutores de estudiantes que incurran en bullying.

Si bien la medida por sí sola no es la respuesta al problema, sí pone sobre la mesa una pregunta incómoda, pero urgente: ¿quién es responsable del desarrollo socioemocional de niños y adolescentes?

El proyecto plantea altas multas que podrían alcanzar hasta las 50 UTM en casos de acoso reiterado, tras advertencias previas por parte de los establecimientos educacionales. La lógica es clara: cuando hay reiteración, hay una falla en la contención, supervisión o formación, y esa responsabilidad no puede recaer únicamente en la escuela.

Sin embargo, es importante decirlo con claridad: el bullying no es un problema que se resuelva con sanciones económicas. Es un fenómeno complejo, multifactorial, que involucra dinámicas individuales, familiares, escolares y sociales. Pensar que una multa por sí sola modificará conductas profundamente arraigadas es, en el mejor de los casos, optimista.

Ahora bien, eso no significa que la medida carezca de valor y puede ser útil en un punto específico: visibilizar la corresponsabilidad de las familias. Hoy, muchos equipos de convivencia escolar enfrentan situaciones reiteradas donde, pese a múltiples intervenciones, no logran involucrar activamente a los apoderados. En ese contexto, una sanción puede funcionar como un “último llamado” que movilice a quienes han permanecido al margen.

Pero aquí está el riesgo: si el foco se pone solo en castigar, se pierde la oportunidad de intervenir de manera preventiva.

La evidencia y la experiencia en terreno muestran que las conductas de acoso suelen estar