La Comisión de Gobierno Interior aprobó por unanimidad legislar en materia de participación ciudadana. Se trata del proyecto que modifica la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública que busca otorgar mayor densidad normativa a la participación ciudadana así como reconocer los diferentes instrumentos para ejercerla como derecho.

En ese sentido, el texto presentado a trámite por el Presidente de la República, reconoce que la participación ciudadana debe adaptarse a la diversidad territorial, cultural y social del país. Para ello, propone una arquitectura normativa que permita a cada institución ajustar los mecanismos a su propia realidad.

Por ello, promueve una implementación flexible, a escala y contextos, tanto urbanos como rurales. Asimismo, incorpora metodologías deliberativas abiertas a la participación presencial o virtual, según las condiciones de cada territorio.

El proyecto plantea que un reglamento dictado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno definirá los estándares comunes que regirán su implementación, resguardando tanto la flexibilidad institucional como criterios mínimos de calidad democrática.

Adicionalmente, instituye que cada municipalidad procurará incluir en sus planes anuales de capacitación la formación continua de sus funcionarios y funcionarias en mecanismos de participación.