El estudio Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS concluyó que los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones en 2024. El informe evidenció además que el 65% de los proyectos en el mismo periodo experimentó retrasos que fueron más allá de los plazos legales. El exsubsecretario de Hacienda y decano de la facultad a cargo del estudio, Alejandro Weber, precisa que "dos de cada tres proyectos enfrentaron retrasos más allá de los plazos legales".

Esto, indica, "provocó un aumento del perjuicio de la permisología de 0,58% a 0,7% del PIB en tan solo un año". Proyectos tramitados disminuyeron más de 40% El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) muestra claros signos de debilidad, según Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS. En 2024, se contabilizaron 111 proyectos tramitados por trimestre, lo que representa un 42% menos que el promedio histórico. En ese sentido, De la Maza comenta que "la principal falencia del procedimiento de evaluación es el carácter poco resolutivo del Servicio de Evaluación Ambiental". Para enfrentar esta falencia plantea que "eliminar la influencia de servicios sectoriales racionalizaría el proceso y eliminar instancias políticas, como el comité de ministros, reduciría la incertidumbre en el plazo".