Con el objetivo de enfrentar desafíos críticos como el despoblamiento, la migración juvenil hacia las ciudades y la falta de oportunidades en territorios rurales, el Gobierno lanzó la Política Nacional de Juventudes Rurales, desarrollada conjuntamente por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social y Familia, mediante INDAP, ODEPA e INJUV.
Esta iniciativa surge en respuesta a la migración campo-ciudad que experimentan las zonas rurales del país, cuyos habitantes envejecen y en donde reside el 25% de la población chilena pese a representar el 83% del territorio. La población juvenil rural –personas entre 15 y 40 años según determinó INDAP en 2024– alcanza a más de 1,5 millones y enfrenta profundas brechas socioeconómicas: el 43% de las viviendas rurales carecen de agua potable, solo un 10% cuenta con internet fija, y hay un déficit habitacional cercano a 36 mil viviendas. Además, las mujeres rurales reciben ingresos 21% inferiores a los hombres.
Según la última encuesta CASEN, la pobreza multidimensional en zonas rurales es del 28%, significativamente más alta que en zonas urbanas (15,5%). No obstante, un estudio de la Fundación para la Superación de la Pobreza demostró que en comunas rurales donde aumenta la población joven, la pobreza multidimensional se reduce en seis puntos porcentuales.