La ONG ambientalista Greenpeace presentó una reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, porque -sostiene- la autoridad "no respondió ni consideró debidamente diversas observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación ambiental".
La organización dijo que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), recurrió al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas; "hecho que confirma que ha sido la propia firma la que ha prolongado la tramitación del proyecto: primero, al ingresar en 2020 un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser complementado y corregido en reiteradas oportunidades para cumplir con los estándares exigidos por la institucionalidad y, ahora, al impugnar las medidas establecidas por la autoridad para hacerse cargo de esos mismos impactos".
Según la abogada Roxana Núñez, "aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva durante su evaluación y que, aun así, sigue representando riesgos relevantes para un ecosistema tan frágil como la cuenca del río Maipo, desde los glaciares hasta su desembocadura en el mar".