Un cerrado respaldo dio la Sala del Senado, a los cambios realizados por la Cámara Baja al proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Con ello, el texto queda en condiciones de ser promulgado como ley.

La iniciativa busca incluir a los teléfonos celulares dentro de los elementos que no pueden ser ingresados a estos recintos. También establece penas especiales para abogados, procuradores y/o empleados públicos que incurran en estas conductas.

El que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitiere ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Las mismas penas se aplicarán a quienes introduzcan los elementos mediante lanzamiento de objetos desde las inmediaciones de un establecimiento penitenciario. Igualmente, se castigará a quien haga uso de medios tecnológicos, aeronaves no tripuladas o drones para lograr dicho objetivo.



Si las conductas fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y, además, conllevará desde suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente.