La Sala del Senado realizó un primer debate para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales.
El texto incorpora al Gobierno Regional en la función general de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas en la región.
La mayoría de los y las legisladores coincidieron en que la prevención del delito es una de las principales preocupaciones de la comunidad, por lo que valoraron que se aborde de manera descentralizada, a través de los gobiernos regionales, que son las instancias con más cercanía.
Además, se hizo notar que gran parte del mandato legal ya está siendo asumido por los gobiernos regionales.
En esa línea instaron a fomentar una mayor coordinación entre las instituciones y las políticas públicas relacionadas.