Para ayudar en la protección de dirigentas y dirigentes sociales, la Sala de la Cámara Baja también dio su apoyo en el tiempo de resoluciones a la solicitud que pide al gobierno entregar urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que regula esta protección.

El proyecto fue presentado por el propio Ejecutivo en octubre de 2023 para establecer en el Código Penal sanciones específicas ante amenazas a dirigentes sociales, pero no ha tenido avances en su tramitación.

En paralelo, señalan los autores de la petición, se han seguido registrando casos de violencia hacia dirigentes, lo cual no solo dificulta los propósitos de las organizaciones sociales, sino también afecta gravemente la salud mental de los dirigentes.

En ese contexto, el citado proyecto de ley se vuelve fundamental para asegurar el desarrollo íntegro de las organizaciones sociales, entregando mayor seguridad a quienes cumplen un rol fundamental al generar un vínculo entre el Estado y las comunidades.